Más sobre Espinar

El caso de ESpinar como lo dije en este post sobre los agronegocios y el agua,  es una muestra flagrante de la intervención del gobierno del APRA para favorecer intereses comerciales sin respetar a la población ni a las instituciones democráticas.  Lamentablemente otros poderes del estado también estan sesgados a favor de las grandes industrias antes de que hacer respetar el debido proceso de consulta a los pueblos.

Sin embargo, el Presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema, Dr. Javier Villa Stein, es de otro parecer. En efecto, este ha criticado al titular del Juzgado Mixto de Wanchaq, de Cusco por haber concedido la medida cautelar a favor de la población de Espinar y ordenar la suspensión de la ejecución del Proyecto Majes Siguas, en los siguientes términos:

“Para resolver un conflicto como el que se está generando en algunas zonas del Perú, donde la acción cautelar de un juez paraliza cientos de millones de dólares de inversión, ya no es un tema de servicio de justicia, es un tema bien complicado. Paraliza prácticamente un país el juez” (1).

Por más millonaria que sea la inversión del Estado, ésta debe respetar lo establecido en la Constitución y los derechos allí reconocidos.

Por ello, es difícil comprender las declaraciones del Presidente del Poder Judicial. Estas resultan más extrañas aún, si el propio Ministro de la Producción, luego de visitar y dialogar con los dirigente de la población de Espinar ha reconocido que estos solo tienen suministro de agua potable dos horas al día (2). Y lo ha hecho, días después de que la Autoridad Nacional del Agua haya sostenido en una resolución que hay un déficit de agua (3).

Hay una cosa que es evidente, el gobierno está ejerciendo el poder de forma arbitraria de espaldas a la población. La población de Espinar no puede ser “ninguneada”. Cómo es posible que se quiera iniciar una obra de la envergadura de Majes Siguas, si hasta ahora, tal como lo ha reconocido el propio titular del Juzgado Mixto de Wanchaq en su resolución de fecha 17 de setiembre pasado (12), no haya concluido el estudio de impacto ambiental y el estudio de balance hídrico, tal como exige el ordenamiento jurídico y el sentido común, y lo exigió una resolución de la sala Mixta de Sicuani hace caso dos años (13). Tampoco se ha realizado la consulta previa con la población campesina de Espinar. Así no se hacen las cosas, lo único que se consigue es socavar y minar la débil y precaria legitimidad del Estado.

Juan Carlos Ruiz en SERVINDI

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