Archivos para 20 mayo 2011

Mexico y Colombia modelos a seguir…

Según el presidente peruano, Alan García, México y Colombia son los ejemplos a seguir para el Perú, esperemos que no este hablando sobre lo poco que hacen estos paises por detener los abusos de derechos humanos que estan ocurriendo, muchas veces avalados o directamente conectados con intereses económicos como la palma aceitera y la tala ilegal.

MEXICO

Desde el año de 2008 a la fecha han sido asesinados 9 compañeros y compañeras de Cherán y se encuentran desaparecidos 5 comuneros más, por haber defendido los bosques y los recursos naturales y por haber enfrentado a los grupos de talamontes ligados a la delincuencia organizada que al parecer actúan bajo la complacencia de algunas autoridades municipales y estatales.

“La autoridad estatal y municipal no nos defiende de los talamontes ni de los sicarios, la seguridad la tenemos ahora en nuestras manos hasta que el gobierno federal mande fuerzas policiacas” aseguraron los comuneros. Ver la denuncia completa en aqui.

COLOMBIA

Estamos profundamente preocupados por la afirmación reciente del vicepresidente Angelino Garzón el 24 de febrero de 2011 en Berlín, Alemania, declarando que las sentencias judiciales exigiendo la devolución de las tierras colectivas Afro-colombianas en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) a las personas desplazadas no se han implementado porque en su opinión no está claro que estas personas son los propietarios legales de esas tierras. El sistema judicial colombiano ha demostrado que estas tierras fueron ilegalmente y violentamente usurpadas de sus legítimos propietarios a lo largo de más de una década. El comunicado del vicepresidente Garzón es un claro retroceso que hace omisión de las diversas sentencias jurídicas formuladas sobre este caso. También es una fuerte señal de que el gobierno de Santos no tiene la voluntad política de defender los derechos de los desplazados en estos territorios.

El 15 de enero de 2011, el Inspector Municipal de Carmen del Darién ordenó que los ocupantes ilegales de estas tierras evacuaran. Hasta ahora, la policía no ha actuado para aplicar este orden, y la zona está ocupada actualmente por operaciones ilegales relacionadas a la aceite de palma en colaboración con grupos paramilitares. Recientes resoluciones de la Corte Constitucional (18 de mayo de 2010 y 10 de diciembre 2010), indican los pasos que las autoridades colombianas deben tomar para devolver las tierras a sus legítimos propietarios, y el Ministerio del Interior y de Justicia ha elaborado un plan para la aplicación de estas recomendaciones. Mientras que el gobierno de Santos viaja a los EE.UU. y a Europa diciendo que están devolviendo las tierras a los desplazados, les niega ese derecho en uno de los casos más documentados de la usurpación ilegal de tierras por intereses económicos y paramilitares. El informe completo aqui

La elección

Todos los gobiernos de Alan García acaban manchados de sangre. Su primer gobierno protagonizó hace 23 años la Matanza de los penales, el asesinato masivo y extrajudicial de 300 presos amotinados, muchos de los cuales se habían rendido antes de recibir la descarga mortífera. Su segundo gobierno va camino de otro record de muertes. (…)

Así empieza el artículo de Gervasio Sanchez, fotógrafo español, sobre el Perú, en estos tiempos de elecciones es bueno recordar la infame estela de impunidad que aun sobrevive en nuestro país, salga quien salga es imprescindible que se saque todo a la luz y se haga justicia, solo así podremos avanzar como país democrático.  Esa tarea nos corresponde principalmente a los ciudadanos tenemos que elegir no olvidar, pedir que nuestras autoridades cumplan la ley, que no se manipule al poder judicial y que haya una verdadera politica de reparación a las victimas del terrorismo del lado que fuere.

La democracia peruana es muy mortífera. Su Comisión de Derechos Humanos informó hace años que “el Perú era el único país del mundo que registró sin interrupción denuncias de desapariciones forzosas entre 1983 y 1996”

El ex presidente Alberto Fujimori, un hombre autoritario y promotor de autogolpes, fue demonizado. Su desagradable presencia permitió encaramarlo en el liderato de muertes extrajudiciales y desapariciones forzosas. Pero no se lleva la palma ni mucho menos.

El gobierno de Alan García entre 1985 y 1990 y el de su predecesor, Fernando Belaúnde Ferry, son los máximos responsables de casi 6.500 denuncias de desaparición forzosa presentadas ante la respetada Defensoría del Pueblo. Alberto Fujimori sí es culpable de haber sembrado la impunidad al decretar la Ley de Amnistía de 1995 que ha impedido hacer justicia.

Pero Belaúnde tomó una decisión drástica que iba a provocar un baño de sangre: instauró en diciembre de 1982 el estado de emergencia y entregó el mando a unas fuerzas armadas que desconocían la lengua y la idiosincrasia de los indígenas. “La diferencia cultural entre las fuerzas del orden y los campesinos creó una distancia inevitable. Las tendencias racistas agravaron el problema de comunicación. El desprecio y la infravaloración de los sectores campesinos o indígenas, considerados como no humanos o ciudadanos de tercera categoría, permitieron que se violaran masivamente sus derechos civiles”, se lee en un informe de la Comisión de Derechos Humanos.

En los dos siguientes años del gobierno de Belaúnde, el número de desaparecidos alcanzó los 3.000. La llegada de Alan García al poder no redujo esta tendencia alarmante. Sus jefes militares seguían usando la fuerza bruta en los departamentos más conflictivos.

Los fiscales de derechos humanos que recibían las denuncias de madres y esposas quechuas parlantes apenas aguantaban unos meses en sus puestos por culpa de las amenazas de los militares y sus aliados…

En aquellos años viajé varias veces al departamento de Ayacucho donde se produjeron el 64,8% de las desapariciones forzosas. Los generales que lideraban los Comandos políticos-militares eran dioses a los que nadie en sus cabales rechistaba. Los ciudadanos que no colaboraban eran considerados senderistas o terroristas. “Mi profesión es la guerra y al que saca los pies del plato le doy con todo lo que tengo”, explicaba explícitamente el general Petronio Fernández Dávila.

Si hubiese justicia todos ellos estarían hoy encarcelados y también los responsables de sus nombramientos. Si hubiese justicia Belaúnde no hubiese tenido un funeral de Estado cuando murió ni Alan García hubiese repetido como presidente del Perú.

La desmemoria se instaló en el país andino y la violencia protagonizada por el estado fue un tema tabú. Se ha avanzado más en las investigaciones en países secuestrados por violentos regímenes militares como Chile o Guatemala que en el Perú democrático. Como si los desaparecidos durante la democracia tuvieran un valor ínfimo o como si la democracia verdadera fuese todavía un sueño en uno de los países más racistas del mundo.

Leer el artículo completo aquí


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